Simplificación Regulatoria y Promoción de la Actividad Económica es ley: Claves para empresas y contribuyentes

Este 15 de mayo, la Sala del Senado despachó a ley el proyecto de Simplificación Regulatoria y Promoción de la Actividad Económica (Boletín N°17.322-03), iniciativa impulsada por el Ejecutivo y tramitada con urgencia de discusión inmediata desde enero. 

El proyecto busca reducir la burocracia, fomentar la inversión y mejorar la eficiencia del aparato estatal en distintos ámbitos económicos y sociales, marcando un hito en la modernización normativa del país

La propuesta legislativa contiene 33 artículos permanentes y 2 transitorios, y forma parte de una estrategia más amplia liderada por el Ministerio de Hacienda, que incluye otros proyectos en trámite como la Ley Marco de Permisos Sectoriales y reformas al régimen de concesiones marítimas y a la Ley de Patrimonio Cultural.

Principales medidas aprobadas

Entre los cambios más destacados que incluye esta ley de Simplificación Regulatoria y Promoción de la Actividad Económica se encuentran:

• Rebaja transitoria del Impuesto a la Renta para Pymes: Se reduce la tasa desde 25% a 12,5% para los años tributarios 2025, 2026 y 2027; y a 15% para 2028. Esta medida está sujeta al avance de la reforma previsional y busca dar un respiro tributario a las pequeñas y medianas empresas.
• Extensión del reintegro parcial del impuesto al diésel: Se prorroga hasta diciembre de 2026 el beneficio para transportistas menores, originalmente vencido en marzo de 2025.
• Reactivación de patentes comerciales provisorias: Se extiende la vigencia de las patentes que vencieron entre 2020 y 2023, y se flexibiliza el artículo 26 de la Ley de Rentas Municipales, permitiendo una duración inicial de dos años con posibilidad de prórroga.
• Compensaciones a usuarios por interrupciones de servicios sanitarios: Se incorpora un mecanismo especial en la Ley General de Servicios Sanitarios que obliga a indemnizar a usuarios afectados por cortes injustificados.
• Modificaciones al Código Tributario: Se amplía la obligación de reportar información financiera al SII, incluyendo a emisores de tarjetas de prepago bancarias y no bancarias. Además, se armonizan disposiciones del artículo 100 bis para alinear la aplicación judicial de la norma general antielusión con la jurisprudencia vigente.
• Aceleración de permisos para proyectos habitacionales: Se permite exceptuar temporalmente la exigencia de autorización de la DGA para obras que afecten cauces artificiales, con el fin de impulsar la reconstrucción en zonas críticas.

Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios

Una de las discusiones clave durante la tramitación del proyecto fue la ampliación del uso del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios (FET), creado tras los siniestros ocurridos en la Región de Valparaíso en febrero de 2024. En su origen, el FET tenía un listado taxativo de usos enfocado principalmente en la reparación y reconstrucción de viviendas. Sin embargo, a partir del trabajo realizado por la Comisión Mixta, se acordó mantener esa lógica taxativa pero ampliando significativamente su alcance.

Entre las nuevas posibilidades se contempla la demolición de estructuras afectadas, la compra de suelos para el desarrollo de proyectos habitacionales, y la entrega de asistencia técnica, social y jurídica a las familias damnificadas. Esta modificación permitirá abordar de manera más integral los procesos de reconstrucción y urbanización, entregando herramientas más flexibles al Estado y a los municipios para responder ante catástrofes de gran magnitud.

Controversias ambientales y reservas de constitucionalidad

El debate parlamentario no estuvo exento de tensiones, especialmente en lo referido a las disposiciones que afectan materias medioambientales. Senadoras y senadores del oficialismo manifestaron reservas respecto a modificaciones introducidas al Código de Aguas, a la ley de humedales y a la Ley de Bosque Nativo. Argumentaron que ciertos artículos podrían debilitar la institucionalidad ambiental del país y constituir retrocesos frente a normas recientemente aprobadas, como las que garantizan el derecho humano al agua.

Estas críticas se centraron, por ejemplo, en la flexibilización para intervenir humedales si se trata de obras públicas de conectividad o seguridad, así como en la exclusión de ciertas especies del marco regulatorio del Bosque Nativo. Pese a estas objeciones, el Ejecutivo defendió los ajustes señalando que se trata de mecanismos excepcionales, orientados a agilizar proyectos de interés público, especialmente en contextos de reconstrucción y emergencia. Aun así, se anticipa que algunas disposiciones podrían ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional.

Impulso a la inversión y competitividad

Desde el Gobierno se ha recalcado que esta ley de simplificación regulatoria no reemplaza otras iniciativas estructurales, como la futura Ley Marco de Permisos Sectoriales, sino que actúa como complemento inmediato para reducir trabas normativas que dificultan la concreción de proyectos productivos, habitacionales y de infraestructura. Esta iniciativa busca eliminar cuellos de botella en la tramitación administrativa, disminuir los tiempos de espera para obtener permisos y promover un entorno más ágil para el desarrollo económico.

Con ello, se espera estimular la inversión nacional y extranjera, facilitar la reactivación de sectores estratégicos y contribuir a una gestión más moderna del Estado, sin perder de vista los compromisos en materias de sostenibilidad y desarrollo territorial equilibrado.

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